Según Medicina Legal cada día 58
mujeres son abusadas sexualmente en nuestro país. Cada hora 3 son golpeadas por
su pareja. Cada mes 3 son atacadas con agentes químicos. Cada día 249 son
víctimas de algún tipo de violencia y cada mes 45 son agredidas sexualmente al
interior de centros educativos. Las anteriores son cifras estadísticas tomadas
de Enero a Octubre del presente año.
En Febrero de 2008 cerca de doce
organizaciones de mujeres se propusieron interesar la bancada de Congresistas
mujeres para que unidas sin distingo de partido o defensa ideológica,
promovieran la expedición de una ley que combatiera por primera vez en Colombia
todos los tipos de violencia que han tenido que enfrentar las mujeres.
De esa manera nació la Ley 1257
"por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres". Su
reglamentación por parte del estado se dio a finales del 2010 es decir, dos
años después de expedida por el Congreso Nacional.
Tras diez años transcurridos,
surge la pregunta de qué tan eficaz ha sido en su aplicación.
Por ejemplo de las más de 70
casas de acogida o refugio que obliga poner en funcionamiento la ley, solo
funcionan cuatro en todo el país. El Ministro de Salud anunció la semana pasada
que después de ocho años logró destrabar el artículo que obliga a darle a los
entes territoriales los recursos para crear esos mecanismos de ayuda y apoyo a
las víctimas.
Sobre la prevención de delitos
contra el feminicidio, Medicina Legal alertó en enero pasado sobre la
inminencia de 2600 casos de posible asesinato de mujeres a manos de su pareja.
En lo corrido de 2018 la violencia de pareja y la violencia sexual son las
cifras que más han aumentado, al igual que el feminicidio.
Hoy el balance de efectividad de
la Ley es calificado como agridulce, sobre todo porque
el estado sigue en deuda con las mujeres ya que no ha cumplido con las
obligaciones que establece la ley. Aunque esta reconoce cinco tipos de
violencia: física, sexual, sicológica, económica y patrimonial, las entidades
de salud, justicia y hasta de seguridad, como la policía, desconocen la
aplicación de las normas, lo que lleva a una permanente re victimización.
La mesa de seguimiento a la ley
establece que el Ministerio de Educación no ha hecho una reforma estructural
que permita prevenir estas violencias desde la edad temprana y generar
responsabilidad disciplinaria frente a las violencias que sufren las mujeres en
las instituciones. Según Medicina Legal de Enero a octubre de 2018 se han
registrado 457 delitos sexuales en centros educativos.
Todo parece que se ha reducido a
seminarios, talleres y actividades menores. Sin embargo por otros lados hay
algunos avances. La Fiscalía ha capacitado 812 funcionarios con programas sobre
recepción de denuncias con enfoque de género y feminicidio. La policía ha
adelantado entrenamiento de 3500 policías en la prevención, protección atención
y acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Y se han endurecido las penas.
Se ha logrado la tipificación del feminicidio y se sanciono la ley sobre
violencia sexual en el marco del conflicto armado, al igual que la ley por
ataques con agentes químicos.
Tristemente aun la mayor
preocupación sigue siendo la re victimización de las mujeres a la hora de
denunciar, la falta de recursos económicos, la voluntad política; que los
funcionarios cumplan con su responsabilidad y que las mujeres conozcan las
leyes que las protegen.
El reto es sin duda muy grande. Y
hay que asumirlo como compromiso de toda nuestra sociedad para que el propósito
de erradicar la violencia contra la mujer deje de ser una deuda que aún está
vigente.
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