Por: José Renán Trujillo
Amigos y amigas vallecaucanos
Por estos días, el país se encuentra de celebración con motivo de los 25 años de la promulgación de nuestra Constitución, producto de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ella representó el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa a través de un proceso jurídico político que llevó a las elecciones del 9 de diciembre de 1990.
Personalmente, siempre he tenido dudas sobre el primer calificativo que en el ambiente se manejó:
¿La séptima papeleta, el Decreto 1926 de 1990 y las elecciones de 1990 cabían dentro del ámbito constitucional?
Yo fui un congresista elegido como producto de esas deliberaciones y recibí la inmensa responsabilidad de iniciar un proceso de reglamentación de los artículos de la nueva carta magna
que regía los destinos de un aparente nuevo país. Hoy, con la tranquilidad y experiencia que me han dado los años, creo que sobre el tema de la séptima papeleta nadie, aún hoy, puede dar una explicación del fenómeno que llevó de manera directa a la convocatoria de la Asamblea
para reformar la constitución de 1886 de la manera como lo hizo. Lo único claro es que el movimiento de la séptima papeleta buscaba una nueva Carta respetuosa de los derechos fundamentales para garantizar la paz.
Siento que en aquel momento, fue un excelente pretexto para unirla a las otras seis papeletas que la gente depositó en las urnas sin tener mucha conciencia de las consecuencias de ese acto,
lo que obligó al gobierno de aquel entonces, a desplegar una ardua campaña publicitaria para lograr una decorosa votación para la elección de los miembros que la integraron.
Es pragmático afirmar que fue un hábil manejo político que logró manipular la opinión para llevarla a tan trascendental decisión, depositando en las urnas un poco más de siete millones de constituyentes primarios que escogieron esa vía antes que la del trámite de un desprestigiado Congreso de la República que terminó siendo revocado para dar paso al electo en 1991.
Aunque la Constitución ha sufrido más de cuarenta reformas, en lo que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana, se ha convertido en la gran promesa incumplida por la desidia de los gobernantes de ponerlos en aplicación para la toma de decisiones.
Hoy, lo más sensato es pedir que la Constitución siga su curso para beneficio de la democracia y de la consolidación de la anhelada paz.
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