Por:José Renan Trujillo
José Renán Trujillo |
El
vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, ha puesto en el objeto de
las discusiones el tema de la jurisdicción especial para la paz; al manifestar
la preocupación de por cuánto tiempo
operaría y con qué funciones específicas;lo cual ha sembrado
preocupación en el empresariado colombiano.
Ante la
anotación, que parecía crecer como espuma, el
Presidente Santos tuvo que salir a tratar de minimizar el impacto, al
expresar que los empresarios no deben temer a la justicia transicional.
Y fue
en Cali donde debió ponerle la cara al asunto porque
Javier Díaz, presidente de la Asociacion de Exportadores, Analdex, lo
cuestionó al conocerse un listado de 57 empresas cuyos funcionarios podrían ser
puestos en la mira de la jurisdicción especial para la paz, acusados
de ser financiadores de la guerra. Ante
esa postura, Santos atinó a calificar el tema como una
acción malintencionada con ánimo de
generar desinformación e incertidumbre para inducir al empresariado a negarse a
respaldar los acuerdos de La Habana.
El
asunto tiene tanto de largo como de ancho que, personalmente,
creo que amerita un pronunciamiento del
Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por lo
delicado y espinoso que resulta el tema. Él es
el más indicado para decir, si evidentemente, no ha
habido ninguna apertura de investigación o condenas en
razón a los testimonios que se menciona; existen
recopilados en procesos judiciales relacionados con el conflicto armado.
Pero
Martínez también debe explicarnos a los colombianos, si esa
jurisdicción especial que está creada para investigar, juzgar
y sancionar de acuerdo a la normatividad existente en el país y
atendiendo los estándares internacionales; ejercerá
sus funciones dentro del ámbito que
contemple todos los crímenes cometidos en el
contexto del conflicto y que sea esa, una de
las maneras
de satisfacer los derechos de las víctimas.
Porque
se debe entender que esa jurisdicción que
estará encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros,
tendrá en sus manos el juzgamiento de los delitos más graves y representativos, entre
los cuales seguramente estarán enmarcados los cometidos no solo
por la guerrilla y la delincuencia que ha generado violencia, sino también; los
cometidos por el paramilitarismo y, naturalmente, por
quienes han financiado su accionar, es decir; por sus cómplices.
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