jueves, 1 de septiembre de 2016

"Las preocupaciones del empresariado"

Por:José Renan Trujillo

José Renán Trujillo

El vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, ha puesto en el objeto de las discusiones el tema de la jurisdicción especial para la paz; al manifestar la preocupación de por cuánto tiempo  operaría y con qué funciones específicas;lo cual ha sembrado preocupación en el empresariado colombiano.

Ante la anotación, que parecía crecer como espuma, el Presidente Santos tuvo que salir a tratar de minimizar el impacto, al expresar que los empresarios no deben temer a la justicia transicional.

Y fue en Cali donde debió ponerle la cara al asunto porque Javier Díaz, presidente de la Asociacion de Exportadores, Analdex, lo cuestionó al conocerse un listado de  57 empresas cuyos funcionarios podrían ser puestos en la mira de la jurisdicción especial para la paz, acusados de ser financiadores de la guerra. Ante esa postura, Santos atinó a calificar el tema como una acción malintencionada con  ánimo de generar desinformación e incertidumbre para inducir al empresariado a negarse a respaldar los acuerdos de La Habana.

El asunto tiene tanto de largo como de ancho que, personalmente, creo que amerita un pronunciamiento del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por lo delicado y espinoso que resulta el tema. Él es el más indicado para decir, si evidentemente, no ha habido ninguna apertura de investigación o condenas en razón a los testimonios que se menciona; existen recopilados en procesos judiciales relacionados con el conflicto armado.

Pero Martínez también debe explicarnos a los colombianos, si esa jurisdicción especial que está creada para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo a la normatividad existente en el país y atendiendo los estándares internacionales; ejercerá sus funciones dentro del ámbito que contemple todos los crímenes cometidos en el contexto del conflicto y que sea esa, una de las maneras
de satisfacer los derechos de las víctimas.

Porque se debe entender que esa jurisdicción que estará encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros, tendrá en sus manos el juzgamiento de los delitos más graves y representativos, entre los cuales seguramente estarán enmarcados los cometidos no solo por la guerrilla y la delincuencia que ha generado violencia, sino también; los cometidos por el paramilitarismo y, naturalmente, por quienes han financiado su accionar, es decir; por sus cómplices.






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