Por: José Renán Trujillo
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| Por: José Renán Trujillo |
No existe normatividad ni constitucional ni legal en nuestro país, que regule lo atinente a la salud de nuestros mandatarios. Ni del Presidente de la República, ni del vicepresidente como tampoco de los gobernadores o alcaldes. Mucho menos de senadores, representantes a la cámara, diputados o concejales. Ni qué decir de ediles o miembros de juntas administradoras locales o juntas de acción comunal.
No hay que olvidar que cada uno de ellos, en su respectiva esfera y campo de acción, posee una responsabilidad por las funciones asignadas allí, por constitución o por ley. Esa, es una discusión que se viene dando de tiempo atrás sobre su conveniencia o inconveniencia.
El tema de la salud de nuestro presidente ha sido parte del reciente cotidiano vivir del pueblo colombiano. Es natural, pues quien dirige los destinos de la nación está involucrado por aceptación o rechazo en la vida de todos en razón a las decisiones que debe tomar y que terminan de una u otra forma afectándonos.
Esta semana se conocerán los resultados de sus recientes exámenes tomados en una prestigiosa clínica norteamericana de la ciudad de Baltimore, especialista en tratamientos de cáncer.
Cuando en 2012 Santos le anunció al país que padecía de un cáncer de próstata del que había sido operado para extraer todo el órgano con el tumor incluido; se pensó en ese momento que quedaba el tema solucionado de manera definitiva; más aun al haberse realizado la intervención sin complicaciones y sin requerir manejos adicionales como radio o quimioterapia.
Siempre he mencionado que fue un acto de transparencia con Colombia el haber informado en el momento oportuno la situación y la decisión a tomar por recomendación de sus médicos.
Y esa misma filosofía aplicó hace unos días cuando reveló públicamente al país su reciente estado de salud.
Esperamos que los resultados sean favorables para la salud del Presidente y que una vez conocidos por sus médicos, sin tardanza como el mismo Santos lo ha pedido, se den a conocer para evitar la generación de la más mínima especulación.
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