La cartelización viola el deber ético en contra de los consumidores de menos ingresos.

Por: José Renán Trujillo

@CaminandoconJR

José Renán Trujillo

Las cifras establecen que cerca de dos millones de hogares de colombianos incluyen en el presupuesto de la canasta familiar básica, la compra de pañales.

Se había denunciado por el Superintendente de Industria y Comercio hace un tiempo, la existencia de la cartelización de dichos productos a través de empresas de reconocida presencia en el país.  Y se habían anunciado por el mismo alto funcionario que, ante la carga probatoria existente, las multas se aplicarían con toda la fuerza que estuviese establecida en la ley.

Pues bien, Pablo Felipe Robledo cabeza visible de esa entidad, ha dicho que la cartelización hizo parte de la cultura empresarial por diez años consecutivos en las empresas Kimberly, Familia y Tecnoquímicas; esta última con raíces profundas en nuestro Valle del Cauca.

La denominación del mal proceder de esas empresas es práctica anticompetitiva que en el fondo significa que se realizaron acuerdos de precios entre compañías nacionales y extranjeras en la comercialización de pañales.

El superintendente ratificó las sanciones por la suma de $208.000 millones a la multinacional norteamericana Kimberly y a las dos empresas colombianas Tecnoquímicas y Familia, como también a 16 altos funcionarios de estas compañías entre los cuales están sus presidentes. Para el caso de la empresa vallecaucana Tecnoquímicas, se hace mención directa a Francisco Barberi quien la representa.

Esta investigación y el proceso mismo llevó tres años para llegar a este punto, donde se resuelve la última instancia como consecuencia del recurso de reposición que instauraron las tres empresas; es decir, ha finalizado la etapa procesal para pasar a la aplicación de las multas en el orden de $68.000 millones a cada empresa; y a los directivos el pago de multas que oscilan entre los $200 y los $375 millones; cifras que a todas luces son irrisorias frente al daño causado al consumidor colombiano, especialmente a los de menores ingresos que deben pagar los artículos de primera necesidad tal y como lo anotó en su decisión la Superintendencia.

Clara defensa de los derechos de los consumidores esta decisión que deja sentado que la violación al gobierno corporativo, al deber ético y legal de competir en el mercado no se debe seguir permitiendo en el país.