Veinticuatro años han transcurrido desde la expedición de la ley reglamentaria de los mecanismos de participación ciudadana elevados a canon constitucional desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Con mucho entusiasmo el Concejo de Cali ha promocionado la realización de una audiencia pública de participación ciudadana para el proyecto de acuerdo 078 que trae consigo el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Municipal para la vigencia de 2019. Resaltan en su informe, la presencia de la mayoría de los secretarios de despacho y un buen número de ediles de diferentes comunas. A tal punto llegó el mencionado entusiasmo que no se abstuvieron de calificar como histórico el encuentro.
De suma importancia y de verdadera participación ciudadana sería llevar la discusión del proyecto de presupuesto municipal a las mismas comunas donde se estimule la presencia comunitaria en la priorización de los proyectos a desarrollar en los sectores que anhelan sentir la presencia de un gobierno atendiendo sus necesidades.
De resaltar, el reiterado reclamo de los representantes comunales de la falta de ejecución de los recursos que se asignan a obras por el Situado Fiscal Territorial que se encuentran estáticas en varias de las dependencias en un orden superior a los 45 mil millones de pesos. Algunos de los Concejales presentes ratificaron esa falencia discriminando las cifras en el orden de una ejecución solo del 43% es decir 19 mil millones bajo el pretexto de ser difícil poner de acuerdo a los actores comunitarios en la selección de las obras. Lo incomprensible es que tanto los actores comunales como los Concejales coinciden en ser esta una constante de la actual administración reflejado en la poca importancia que le otorgan a los proyectos tramitados por ediles y comunales en varias secretarías u organismos.
Por ejemplo; Salud Pública tiene más de 75 mil millones pendientes con la comunidad, Educación de 5 mil millones solo ha ordenado el 17%; en Paz y Cultura también hay 75 mil millones pendientes; en la UAESPM más de 295 mil millones en proyectos donde la mayoría son del sector rural; en el Dagma la inversión es de solo mil millones y su ejecución llega al 15% y en Seguridad y Justicia solo se han ordenado proyectos en un 20%.
¿Por qué no se discute y se estructura el proyecto de presupuesto directamente en audiencias públicas ciudadanas? ¿Por qué es tan esquiva la administración municipal a todo lo que signifique participación ciudadana? ¿Por qué se siguen relegando al sueño eterno los proyectos emanados de propuestas de ediles y comunales? ¿Por qué agobia tanto la puesta en marcha de una verdadera democracia?
Lo que tal actitud demuestra es la falta de orientación que siga la línea de conducta participativa y la falta de compenetración de Planeación estratégica al lado de la gente. La comunidad debe estar acompañada para ser orientada debidamente en el direccionamiento de los presupuestos hacia obras de verdadera necesidad y utilidad.
Lo cierto, es que mientras no exista directriz desde la cabeza, difícilmente quienes tienen la responsabilidad de invertir los recursos asumirán la postura de tener en cuenta la opinión ciudadana.
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