Por: José Renán Trujillo
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José Renán Trujillo |
Conocer con exactitud la cifra
del hueco fiscal existente en el país es casi un imposible.
Los aventurados en
el arte especulativo, la calculan en 25 billones de pesos. Otros, impregnados
de optimismo, creen que no pasa de los quince.
Lo cierto es que con tan solo
mes y medio por delante de sesiones del Congreso y con proyecto de presupuesto
para el 2017 aun sin aprobar, el Ministro de Hacienda, por
obvias instrucciones presidenciales, pareciera tener listo el
proyecto que han determinado en llamar Reforma Tributaria
Estructural.
¿El de presupuesto y la
tributaria serán entonces temas que han venido teniendo
un cuidadoso proceso de cocción al interior del gobierno y con
representantes del Congreso que les permita avanzar sin el
más mínimo obstáculo en el camino?
¿Avanzarán las conjuntas de
las comisiones económicas de Senado y cámara a tal ritmo de concentración que lucirá en su momento que estarán aprobando a
pupitrazo limpio?
Es probable. Y no sería la
primera vez que tal hecho suceda; ni será tampoco la última.
Muchas especulaciones rodean
esos dos proyectos. El primero vital para las
regiones. Especialmente por los acuerdos
de último momento; que llevarán a pasar cifras de
un artículo a otro para buscar consolidar los
acuerdos políticos con los senadores y representantes ansiosos por lograr para
sus respectivos departamentos, mayor capacidad de inversión.
El segundo, buscando a toda
costa recaudo para tratar de taponar el voluminoso déficit, reduciendo a su vez la tasa
impositiva a las empresas por lo que deberá lograr un
equilibrio en el recaudo. Mucha preocupación subsiste
aun en el ambiente, a pesar de las declaraciones
del Ministro de Hacienda; en el sentido de no imponer
nueva tributación a productos de la canasta familiar.
Los acuerdos políticos se
darán sin duda; seguro, a costa de la
implementación de la mayoría de recomendaciones que en su momento hiciera la
comisión de expertos: emitir un estatuto tributario
que fomentara la productividad y sirviera para balancear la
carga de los contribuyentes.
La estrategia del gobierno de
no dejar mucho tiempo para el análisis del
articulado de los dos proyectos; de venir concertando con
anticipación los textos con los
congresistas y el radicarlos con pocos días de anticipación al cierre de
las sesiones del Congreso, hacen vislumbrar un camino
farragoso de debates que ojalá culminen en la defensa de los intereses de los
sectores más desprotegidos de nuestra comunidad.
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